Una memoria del ETCR Mariana Páez del municipio de Mesetas

“Con esos medios alternativos de comunicación me parecía estar en una de las muchas asambleas sindicales y de ambientalistas en las que he participado. Solo que la diferencia era evidente, allí para nada hubo interrupciones con consignas gritadas, todos y todas con atención escucharon a los de la mesa principal”.

En zona rural del municipio de Mesetas, Meta, con esta valla se anunciaba la llegada a la Zona Veredal de Transición y Normalización –ZVTN-, que luego de la dejación de armas se denominó Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación –ETCR-. (Foto: Óscar A. Pabón M.)

En el segundo semestre del año 2017 integrando equipo de trabajo de la Unillanos tuve la oportunidad de estar -no preciso si tres o cuatro veces- en la aldea Mariana Páez que se armó desde finales del año anterior luego de la firma del imperfecto Acuerdo final de Paz entre el gobierno colombiano en cabeza del presidente Juan Manuel Santos C., y el máximo líder de las FARC EP Rodrigo Londoño E., más conocido como Timochenko.

Aquellas visitas mensuales me permitieron tratar a algunos de los firmantes de paz, también redactar breves crónicas sobre mis percepciones directas en dicho territorio.

Con base en la noticia reciente sobre el traslado de los habitantes de dicho ETCR, entre mis notas busqué la crónica que a continuación rescato con fecha de noviembre del 2017, en la cual narré una reunión en la que hubo reclamos al gobierno por algunos incumplimientos.

Luego de vivir por lapso de seis años y medio en la vereda Buenavista de Mesetas, esta amenazada comunidad mediante rápida gestión del gobierno nacional se traslada, entendí que con titulación de predios, a territorio rural del municipio de Acacías.

Por motivos también de inseguridad los firmantes de paz del ETCR Georgina Ortiz establecidos en la vereda La Cooperativa del metense municipio de Vistahermosa, por estos días están abandonando dicho territorio. Tan altos riesgos así lo exigen.

Para las dos situaciones: Mariana Páez y Georgina Ortiz, expreso entre otras las siguientes consideraciones:

  • Se truncaran las capacidades instaladas en cada aldea gracias a los apoyos a proyectos productivos por parte de entidades de cooperación internacional y gubernamentales de nuestro país. Ejemplos: emprendimientos agropecuarios, agroindustriales y turísticos.
  • Se rompen los lazos de confianza y de cooperación tejidos entre los firmantes de la paz y sus vecindarios.
  • Hay afectaciones negativas al sector comercial en cada municipalidad
  • Bajan los censos de población y educativos de los dos municipios: Mesetas y Vistahermosa. Por el momento se incrementarán en Acacías.

Luego del preámbulo viene la crónica Sobre reclamos al gobierno nacional en el ETCR de Mesetas, texto incluido en el cuaderno bitácora Desaprendiendo a vivir en guerra y aprendiendo a vivir en paz, que recopila algunos de mis escritos relacionados con el conflicto armado en nuestra región hasta el 2017. 

Tal publicación fue posible gracias a Juan Carlos Beltrán R. diseñador editorial adscrito a la Dirección General de Proyección Social de la Unillanos.

Sobre reclamos al gobierno nacional en el ETCR de Mesetas

En las ante vísperas de cumplirse el primer año de la firma de los Acuerdos de Paz quiero compartir algunas impresiones que he recogido en dos visitas al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación –ETCR- (antes zona veredal) localizado en la vereda Buenavista, jurisdicción de Mesetas, a donde he ido en representación de la Unillanos, por invitación de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN.

El tema que quiero compartir aquí es el de las reclamaciones a las entidades gubernamentales por parte de los habitantes del lugar.

En el amplio salón han ocurrido los dos encuentros con la participación de representantes del orden nacional, igual de alcaldes, observadores internacionales, vecinos de la vereda y los moradores del ETCR Mariana Páez.

Firmantes de la paz fueron voceros en el consejo de planeación de su ETCR de Mesetas, Meta. (Foto: Óscar A. Pabón M.).

En la primera a nombre de los reincorporados un muchacho llevó la palabra apoyado en apuntes consignados en su computador. Puntualizó quejas en su mayoría relacionadas con deficientes servicios de atención médica, por demoras administrativas en la asignación de citas.

Más tarde al intervenir el alcalde del municipio de Uribe, Jaime Pacheco, palabras más palabras menos les dijo que escuchando las reclamaciones solo podía decirles que fueran bienvenidos a la realidad nacional de tramitologías y otros males que a todos a diario nos toca soportar.

La siguiente reunión contó con la presencia del Alto Comisionado de Paz, Rodrigo Rivera, quien llegó acompañado de otros dignatarios del orden nacional tanto administrativos como del Ministerio de Defensa. También estuvieron los alcaldes de Mesetas, Uribe y Vistahermosa, y como en la anterior los veedores internacionales.

Durante esa mañana aprecié un adicional apoyo a las reclamaciones orales firmes pero respetuosas de los líderes de las personas concentradas en ese ETCR, me refiero a carteleras con textos críticos distribuidas en puntos estratégicos del recinto.

La reunión novembrina en el ETCR de Mesetas fue presidida por Rodrigo Rivera S.,  Alto Comisionado para la Paz del gobierno Santos C. (Foto: Óscar A. Pabón M.). 

Con esos medios alternativos de comunicación me parecía estar en una de las muchas asambleas sindicales y de ambientalistas en las que he participado. Solo que la diferencia era evidente, allí para nada hubo interrupciones con consignas en alta voz, todos y todas con atención escucharon a los de la mesa principal.

Un año después de la firma del Acuerdo final de Paz en el poblado Mariana Páez sus habitantes expresaron reclamos ante los delegados de las instituciones del gobierno central (Foto: Óscar A. Pabón M.).

Dimensionó y visibilizó el método de protesta de los reincorporados que aquí he compartido, porque para nada se parece a las censurables acciones de hecho que las FARC EP hasta hace pocos meses manejaron, de las cuales varias generaciones de colombianos fueron testigos y víctimas.

Villavicencio, 18 de noviembre de 2017.

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